Sin papeles, no llamas

El Gran Hermano también llama a la puerta de los locutorios. El Gobierno planea exigir un registro documental de las personas que utilicen “servicios telefónicos o telemáticos de uso público“, como los que prestan los cibercafés, locutorios y workcenters. El anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana establece que este tipo de negocios privados deberán “cumplir las obligaciones de registro documental e información impuestas por la autoridad competente”.

Esto conduce a que “si una persona no tiene documentación no podrá hacer uso de los teléfonos o conexiones a Internet de los locutorios”, según reconoce el Ministerio del Interior. Este compara esa petición de documentación para llamar por teléfono o conectarse a Internet con la que se solicita cuando se acude a un centro de salud, pese a que la prestación sanitaria es un servicio público y no un negocio privado.

Lo que todavía no está claro es qué documentos deberán pedir los dueños de estos negocios a sus clientes. Está previsto que, una vez aprobada la ley, se desarrolle un reglamento que especifique los tipos de documentos, según informa Eldiario.es. En el supuesto de que no se admita el pasaporte del país de origen, los inmigrantes sin papeles tendrían prohibido el uso de los locutorios.

Sea como fuere, el anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana prevé fuertes castigos para los dueños de los establecimientos que incumplan la normativa. Los propietarios que no cumplimenten el libro de registro con los datos de los clientes cometerán una infracción grave, con multas de entre 1.001  y 60.000 euros. Si los apuntes del libro se rellenan “incorrectamente o contengan alguna irregularidad”, las autoridades podrán imponer multas de entre 100 y 1.000 euros.

Interior ha tratado de justificar esta medida que no casa muy bien con el autodenominado carácter liberal del Gobierno. Para el ministerio, los locutorios se utilizan en ocasiones “para cometer ciberdelitos relacionados, por ejemplo, con la pederastia o participar en foros yihadistas”. Así, el objetivo de la nueva normativa sería  “vigilar y dar cobertura para que no se cometan estos delitos”. Naturalmente, una portavoz oficial matizó: “No se pretende interferir en los derechos de los usuarios”.

Aun así, el registro de datos de los usuarios de servicios de telecomunicaciones recuerda a la campaña de vigilancia electrónica de la NSA estadounidense. También son similares los argumentos usados por el Gobierno español, supeditando la privacidad a una lucha contra la delincuencia y el terrorismo.