La relación entre las compañías tecnológicas de Estados Unidos y la administración gubernamental y sus agencias de vigilancia, especialmente la NSA, es fruto continuo de intercambios de opinión, con mayor o menor grado de tensiones y desentendimientos.
Ahora, algo más de treinta empresas del sector han firmado una carta conjunta escrita al congresista republicano Bob Goodlatte, presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes. El motivo, recomendar una serie de cambios en relación a la Sección 702 de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera, aprovechando una referencia de Goodlatte a una posible reforma de la misma.
Las firmantes, que se presentan como “compañías con base en Estados Unidos que proveen tecnología para consumidores y negocios, productos y servicios por todo el mundo a través del uso de datos electrónicos”, se declaran a favor de ciertas reformas de la sección, que permitan mantener su utilidad a los cuerpos de inteligencia incrementando la transparencia del programa y la protección a la privacidad.
Precisamente una mejora en la transparencia y la supervisión de la recolección de datos es una de las propuestas concretas que se hace, enfatizando que esto supondrá una mejora en la confianza hacia la Ley. Esto incluye que las empresas puedan divulgar el número de solicitudes que reciben de información, dando ciertos datos sobre las mismas.
Piden también que se redefina la definición de “información de inteligencia extranjera” para minimizar la recolección de información de personas no sospechosas de fuera del país, exigiendo que en casos de comunicaciones de ciudadanos estadounidenses haya supervisión judicial de las consultas. La gestión de la información asociada a estos últimos es también motivo de preocupación para las tech.
Entre las compañías que rubrican la carta hay tanto empresas consolidadas, como Amazon, Google, Microsoft o Facebook, como unicornios del estilo de Airbnb, Uber o Dropbox.
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