Telefónica de España gastó casi 4 millones de euros en sus sistemas de
prevención medioambiental en 2002, según se desprende de la Memoria de Sostenibilidad 2003 que la compañía ha publicado y en la que
precisa que las emisiones de gases de efecto invernadero, así como los
consumos de electricidad y papel, se redujeron en más de un 14 por
ciento.
En 2002, la compañía implantó un sistema de costes
medioambientales basado en las disposiciones del Instituto de
Contabilidad y Auditorías de Cuentas, que establece la elaboración de
tablas de costes de prevención, costes de reparación y costes de
mantenimiento.
Esta última aún no se ha llevado a cabo, mientras
que en materia de costes de reparación “no fue necesaria ninguna
anotación”. En cuanto a los costes de prevención medioambiental, se
elevaron en 2002 a 3,96 millones de euros, de los cuales 1,98 millones
de destinaron a impuestos ecológicos, 1,15 millones a identificar
sistemas de depósito de combustible de calderas y grupos electrógenos (y
a adecuarlos a las normas vigentes), 762.000 a la renovación de la flota
de vehículos, 21.600 euros a publicaciones como la Memoria
Medioambiental y la Guía de Buenas Prácticas, 20.300 euros a la
identificación y actualización de requerimientos legales, y 19.300 a la
realización de consultorías y auditorías.
La implantación de la
política medioambiental definida en 1999 ha logrado notables progresos
en materia de consumos, como el de papel, que se redujo de forma
“considerable”, un 14,27 por ciento entre 2001 y 2002, hasta
establecerse en los 875.000 kilos (unos 21,43 kilos por empleado).
Asimismo, se aumentó la proporción de papel reciclado, del 11,72 por
ciento en 2001 al 12,79 por ciento en 2002. De hecho, Telefónica se
orienta hacia el concepto de “oficina sin papeles”.
Por otro
lado, el consumo de electricidad se redujo entre 2001 y 2002 en un 14,31
por ciento (con un 0,002 por ciento procedente de energías renovables de
autoconsumo), el de agua en un 1,21 por ciento (un 0,77 por ciento
atendiendo a los metros cúbicos por empleado) y el de productos
peligrosos en un 29 por ciento.
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