Telefónica recurrirá ante la Audiencia Nacional la sanción de 57
millones de euros que le ha impuesto el Tribunal de Defensa de la
Competencia (TDC) por considerarla “improcedente, desmesurada e
injusta”, anuncia la compañía.
Telefónica ha insistido en que el
TDC no ha analizado “ninguna de las pruebas” que aportó al respecto, “a
pesar de lo cual manifiesta que éstas no han servido para desvirtuar las
imputaciones del órgano instructor”. Asimismo, la compañía presidida por
Alierta ha hecho hincapié en que el Tribunal no ha acreditado que
Telefónica haya realizado las prácticas de vinculación “que injustamente
se le imputan”, pues no se ha dado ningún caso en que la compañía haya
negado la prestación de los servicios suplementarios a clientes
preasignados con otras operadoras.
Según Telefónica, en todo
momento ha realizado campañas de publicidad “veraces” y se ha limitado a
dar a conocer a los consumidores “que a pesar de que se preasignen con
otra operadora va a ser ella la que les instale la línea de teléfono y
les preste los servicios suplementarios”.
A su juicio, los
efectos de la conducta imputada sobre la evolución de la preasignación
han sido “inexistentes”, como lo prueba el hecho de que esta facilidad
“ha seguido un ritmo creciente y constante”. De este modo, el número de
clientes preseleccionados alcanzaba los 2,23 millones a finales de 2003,
“una de las cotas más altas de la Unión Europea”.
Telefónica
también ha remarcado que el TDC ha sancionado unos hechos y un tipo de
conducta incluidos en una denuncia de Astel que fue archivada en su día
por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT). Igualmente,
ha apuntado que la Audiencia Nacional ya rebajó una multa que le impuso
el TDC, de 8,4 millones a 900.000 euros, al considerar que la sanción
era excesiva. La operadora había sido sancionada por prácticas ilícitas
y abuso de posición dominante en el lanzamiento de sus “Planes Claros”.
Junto a esto, hay que subrayar que el TDC ha impuesto a Telefónica de España
una multa por importe de 57 millones de euros por abuso de posición
dominante en el mercado de la telefonía fija, al obstaculizar la
preasignación de operadoras alternativas con conductas “reiterantes y
masivas” trasladadas por medios mediáticos, publicitarios o de
información.
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