Tiscali tendrá que poner fin al intercambio de descargas a través de P2P que sus clientes realizan.
Así ha sido sentenciado por el Tribunal de Primera Instancia de Bruselas en defensa de la Sociedad Belga de Autores, Compositores y Editores (SABAM) de cuyos ficheros descargaban la música los internautas.
Tiscali, proveedor belga de servicios de Internet perteneciente a Scarlet Extended Ltd., tiene 6 meses para tomar las “medidas oportunas” que la sentencia impone y que deberá notificar por escrito a SABAM.
La sentencia fue dictada el pasado 29 de junio pero el caso se inició en 2004 cuando se tramitó la denuncia interpuesta por SABAM contra Tiscali.
El Tribunal ha juzgado la actuación de los clientes de Tiscali como violación de los derechos de reproducción mecánica y comunicación pública previstos en la Ley de Propiedad Intelectual.
Considerando que la empresa no estaba suficientemente informada sobre las medidas a adoptar para poner fin a esas infracciones, el Tribunal encargó a un perito que estudiara el caso.
El experto informó el pasado enero a Tiscali de al menos once tipos de soluciones para filtrar o bloquear los sistemas P2P, siete de las cuales eran aplicables a la red del proveedor.
Tiscali manifestó entonces que ?las medidas técnicas solicitadas equivalían a imponer un deber de control de la totalidad de las actividades P2P, lo cual es contrario a la legislación sobre comercio electrónico”.
El Tribunal rechazó los argumentos de la empresa belga sobre el derecho a la privacidad, el secreto de la correspondencia y la libertad de expresión. El organismo judicial alegaba que filtrar y bloquear software no supone manejar datos personales y que una medida de bloqueo tiene un carácter puramente técnico y automático.
Para la SABAM la implantación de dichas medidas sería una buena noticia ya que supondría terminar con el uso del software P2P de intercambio de ficheros y por tanto con el tráfico ilegal de contenidos en Bélgica, principal causa de la caída de ventas de CD.
La SGAE, organismo controlador de la propiedad intelectual en España, ha declarado mediante un comunicado que esta sentencia puede suponer un precedente legal en el ámbito de las descargas de Internet.
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