PRISM, la controvertida herramienta de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) de EE.UU que recopiló datos de los usuarios de los principales gigantes tecnológicos, sigue dando que hablar. La polémica iniciativa, que se gestó hace cinco años, no era del todo desconocida para las empresas de tecnología, como muchas afirman.
De hecho, habría algunas que mostraron una férrea oposición. Este habría sido el caso de Yahoo!. A la compañía hoy dirigida por Marissa Mayer no le dio muy buena espina lo que se planteaba. En 2008 llevaron su petición de información al Tribunal de Vigilancia de Inteligencia Extranjera de EE.UU mostrando su preocupación porque la orden violara los derechos de la Cuarta Enmienda contra registros e incautaciones irrazonables.
Dicho tribunal, sin embargo, respondió diciendo que las preocupaciones eran “exageradas” y concluyendo que las comunicaciones recogidas no infringían la norma, según se hace eco Cnet. La réplica de este organismo tiene bastante miga y constata que la seguridad nacional es la excusa perfecta en EE.UU para pasar por encima de la privacidad: “Cuando el gobierno ha construido varias capas para proteger a las personas de daños innecesarios y reducir al mínimo las intrusiones accidentales, sus esfuerzos para proteger la seguridad nacional no deben ser frustrados por los tribunales”.
La semana pasada Yahoo! negó las acusaciones de haber participado en PRISM, calificándolas como “rotundamente falsas”. “Yahoo! no participa en ningún programa en el que se compartan datos de los usuarios con el gobierno de EE.UU. Nosotros no relevamos voluntariamente la información del usuario. Las únicas declaraciones que se producen son en respuesta a demandas específicas”, explicaba el consejero general Ron Bell en un post en Tumblr.
En los últimos días se ha revelado que PRISM no es un programa de espionaje, sino una herramienta interna de software de la Agencia de Seguridad que se utilizó para recolectar datos a través de un proceso legal creado por el Congreso de EE.UU en 2008 y renombrado en diciembre del año pasado.
El proceso, supervisado por el citado Tribunal de Vigilancia de Inteligencia Extranjera, el Congreso y el departamento de Justicia, obliga a las empresas del país a proporcionar información de ciudadanos no estadounidenses. La seguridad nacional es el lev motiv, puesto que estos datos se debían suministrar en casos de investigaciones relacionadas con “la prevención del terrorismo, las ciberactividades hostiles o la proliferación nuclear”.
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