La firma francesa de telecomunicaciones Alcatel-Lucent ha acordado pagar 137 millones de dólares para zanjar un caso en el que se acusa a la compañía de haber sobornado a funcionarios de gobiernos extranjeros de Latinoamérica y Asia entre diciembre de 2001 y junio de 2006.
La Cámara de Comercio estadounidense (Securities Exchange Commission) acusó al fabricante galo de haber utilizado a consultores para hacer llegar a trabajadores de las administraciones de países como Costa Rica, Honduras, Malasia y Taiwán, un total de 8 millones de dólares, a cambio de contratos de telecomunicaciones en estos territorios.
Alcatel ha decidido acometer este pago como parte de la solución, sin llegar a admitir las irregularidades. El desembolso ha sido repartido entre el Departamento de Justicia (92 millones de dólares) y la Cámara de Comercio (45 millones).
“Asumimos la responsabilidad y lamentamos lo sucedido. Hemos implementado políticas y procedimientos para prevenir que estas violaciones vuelvan a ocurrir de nuevo”, ha señalado el consejero general de la compañía, Steve Reynolds, quien aclaró que estos abusos se habrían cometido antes de la fusión de Alcatel y Lucent a finales de 2006.
Pese a ser una empresa europea, Alcatel ha sido juzgada por violar el Acta de Prácticas Corruptas en El Extranjero (Foreign Corrupt Practices Act), una normativa estadounidense que prohíbe a las empresas de EE.UU y a aquellas que cotizan en bolsas del país hacer pagos a administraciones extranjeras para obtener un trato favorable, segúnh explica The Wall Street Journal.
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