Alojamiento colaborativo en España: entre Airbnbs y polémicas

3. Controversia y regulación

Como es de esperar, a los empresarios turísticos tradicionales no les hace ninguna gracia que un particular alquile una habitación y les robe un cliente. Las acusaciones de competencia desleal se unen a la denuncia de anfitriones que, habitación a habitación, se han montado un bed & breakfast clandestino en su casa sin pagar impuestos ni tasas turísticas. Algunos problemas de seguridad de caseros y huéspedes y las quejas de los vecinos acerca del comportamiento de estos turistas low cost se han sumado también a la polémica sobre el alojamiento colaborativo.

Las quejas más furibundas se han registrado en Cataluña, donde los desmanes de los turistas alojados en el entorno de la playa de la Barcelonesa, en la capital, despertaron la indignación de los vecinos. Más allá de imágenes de turistas beodos paseando desnudos por la calle, se denunció que hasta un 25% de las pequeñas viviendas del barrio se dedicaban buena parte del año a alojar turistas, la mayor parte de ellas sin registro oficial ni control por parte de la Administración.

La polémica coincidió con el contencioso de la Generalitat de Cataluña y el Ayuntamiento de Barcelona con Airbnb. La Generalitat multó en julio a la plataforma de reserva de alojamientos con 30.000 euros por comercializar apartamentos turísticos supuestamente ilegales en la comunidad. Incluso se planteó pedir el cierre de su web en España. Airbnb se defendió con el argumento de que había creado 4.000 empleos y generado 128 millones de euros en Barcelona, su tercer mercado a nivel mundial.

Poco después, la Comunidad de Madrid aprobaba el Decreto de Regulación de Viviendas de Uso Turístico. En él se establece que para que una vivienda sea considerada turística, debe estar inscrita en un registro, no puede ser vivienda permanente ni ofrecer estancias inferiores a cinco noches. En una línea similar, Navarra ha abierto expedientes a las viviendas turísticas que se saltan la normativa.

La Administración madrileña señaló que el objetivo de esta medida es evitar la competencia desleal y la economía sumergida en el ámbito de los apartamentos turísticos, además de crear empleo. Un argumento que coincide con el de la Confederación Española de Hoteles, que denuncia que estos servicios “fomenta la economía sumergida”.

Hasta aquí las intervenciones de las autoridades locales y autonómicas para regular el alojamiento colaborativo. Pero, ¿qué dice el Gobierno? El Ministerio de Economía no se ha pronunciado oficialmente, pero la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ve con buenos ojos este tipo de intercambios. Para la CNMC, mejoran “la eficiencia y competitividad” del mercado, al poner en el mismo “recursos ociosos” e incrementar “la cantidad y variedad de la oferta”. De todos modos, todavía no ha hablado de cómo encajar en la normativa el alojamiento colaborativo.

Desde el otro lado, Airbnb reconoce estar “trabajando codo con codo con muchísimos gobiernos para ayudar a que las leyes que restringen la capacidad para alojar huéspedes a cambio de dinero sean más claras, de forma que resulte fácil para cualquiera comprenderlas”. En este sentido, esta plataforma ha firmado acuerdos con ciudades como Nueva Cork o Amsterdam.

Más rotundo se muestra Javier Banús, fundador de Room4Exchange. Considera que plataformas como la suya “no necesitan ningún tipo de regulación. No existe ningún tipo de conflicto ni necesidad y existen desde hace más de 10 años, es como si invitas a un amigo o familiar a tu casa a pasar unos días”. Banús se pregunta a quién le apetece que regulen algo así, aunque se teme que, “conociendo a los legisladores, son capaces de prohibir que nos prestemos el bolígrafo”.