Crowdfunding busca ley: los retos legales de una actividad alegal

Una persona tiene un proyecto pero no suficiente dinero para llevarlo a cabo. Hace unos años habría tenido que ponerse a pedir créditos a bancos, buscar inversores por su cuenta, contar con el apoyo económico de su familia o simplemente abandonar. En la actualidad, todo el mundo le diría lo mismo: “monta un crowdfunding”. La financiación colectiva es algo ya muy popular en todo el mundo, España incluida, algo al alcance de cualquiera y una forma perfecta de testar el mercado antes de que sea demasiado tarde.

Hay además varios modelos distintos de crowdfunding, por lo que cada emprendedor puede escoger cuál le conviene mejor y cada microinversor cómo quiere que su inversión sea recompensada. Está el modelo más común, el de recompensas, en el que “el mecenas realiza una aportación económica y recibe algo a cambio”, como explica Ángel González desde Yoapoyoelcrowdfunding. Después existe el de donaciones, en el que el donante “no recibe nada a cambio”, el de inversiones, en el que se adquieren participaciones en la empresa o beneficios y el de préstamos, a cambio de intereses.

El emprendedor, por lo tanto, tiene mucho donde elegir. Escoge la plataforma de crowdfunding que más le guste (hay muchas, incluso se llegó a hablar de burbuja), va dando forma a su proyecto y entonces, de pronto, se pregunta cómo funciona el tema legal. ¿Cómo justificar esos ingresos? ¿Qué dice la ley? Busca y busca y no encuentra. El crowdfunding no está recogido en la legislación española, el crowdfunding está en una situación alegal.

Las cosas están en marcha, claro. El crowdfunding es algo ya tan habitual que tanto desde la Unión Europea, como desde España se está trabajando en una legislación en la que se recoja esta posibilidad, aunque no en todas sus vertientes y no de forma específica. ¿Cómo se las están arreglando entonces todos los que inician este tipo de campañas? Desde Lánzanos, una de las plataformas de crowdfunding más populares en España, nos cuentan que lo que hacen es basarse “en la ley ya existente”. Lo que salva las cuentas, pero no deja de ser complicado.

¿Cuál es esa legislación ya existente que se utiliza? ¿Es un modelo adecuado?