Olvídate de mí, Google: la laguna legal del derecho al olvido

¿Se puede juzgar a Google en Europa?

Un nuevo obstáculo en el camino del derecho al olvido es el de la situación legal de buscadores de fuera como Google. Una vez que se concluye que Google está vulnerando la normativa europea de protección de datos (suponiendo que se llegue a esa conclusión), llega la hora de preguntarse si la firma está obligada a cumplir esas leyes y, en caso de denuncia, saber si se puede hacer aquí o si hay que hacerlo en tribunales de Estados Unidos. Una vez más, la respuesta sigue siendo vaga y toca interpretar la legislación.

La directiva europea de Protección de Datos indica que debe ser aplicada en los casos de tratamiento de datos en los que este sea realizado “en el marco de las actividades de un establecimiento del responsable” en el territorio de un Estado miembro, y cuando ese responsable “recurra, para el tratamiento de datos personales, a medios, automatizados o no, situados en el territorio de dicho Estado miembro”.

Según la AEPD, Google cumple estas condiciones, por lo que sí debería cumplir la legislación europea: tiene un establecimiento responsable en España, su filial Google Spain; y utiliza medios situados en España (algunos de sus servidores). Además, no solo realiza tratamiento de datos, sino que es responsable de él, defiende la AEPD. “Es responsable del tratamiento de datos en la medida en que lleva a cabo un tratamiento de datos personales vinculados a su propia actividad y decide sobre los medios y los fines de este tratamiento, siendo éste independiente del que pueda llevar a cabo el editor [de la página web] de la que se obtiene el contenido”.

Esta es la opinión de la AEPD. Desde Google, como es lógico, opinan de forma muy distinta, y defienden que ellos no son responsables del contenido publicado por terceros, apuntando a una de las claves de este debate. ¿Son responsables los editores o los buscadores por sacar esa información a la luz? “El peligro de derivar toda la reponsabilidad a los editores únicamente es que se pueden dar casos en los que el editor no esté localizable, tenga sede en países de fuera de Unión Europea o que, simplemente, no quiera colaborar, en los que será prácticamente imposible eliminar la información a pesar de seguir el procedimiento oportuno”, advierte Joaquín Muñoz, de Abanlex Abogados. Aunque parece que es hacia donde se va.