Un hacker entró en el sistema de la compañía y copió 15.000 documentos
confidenciales, que puso a disposición del público. En ellos se
demuestra que el software de Diebold, usado en las elecciones que
dieron la victoria a Bush y Schwazeneger, tenía agujeros que permitían
cambiar los votos.
En marzo, alguien se introdujo en los
servidores de la compañía norteamericana de sistemas de votación
electrónica, Diebold Elections Systems, y copió 1,8 gigabits de datos,
la mayoría correo electrónico desde 1999 y documentos internos. Diebold
suministra máquinas de votación electrónica a 37 estados y tiene
repartidas más de 50.000 terminales por el país. Los documentos
demostraban que la empresa conocía los graves errores de seguridad en
sus programas, que podían provocar fraude, como la posibilidad de
cambiar votos sin dejar rastro o la instalación de programas no
certificados por las autoridades electorales.
En agosto, el
hacker envió los documentos a diversos activistas, que los publicaron en
sus weblogs. Pronto, otras webs replicaron el contenido, la mayoría en
universidades estadounidenses, desde Harvard hasta el Bronx, pero
también Australia, Canadá o Italia. Diebold les mandó avisos legales
para que retirasen los documentos, amparándose en la ley de derechos de
autor Digital Millenium Copyright Act (DMCA). Capitaneados por el grupo
de estudiantes Why War?, del Swarthmore College de Pennsylvania, los
activistas iniciaron entonces una campaña de desobediencia civil
electrónica, negándose a retirar el material.
Según los
estudiantes, no podemos permitir la supresión de evidencias que prueban
que una máquina Diebold registró 16.022 votos negativos para Al Gore en
Florida, durante las elecciones presidenciales del 2000. Tampoco que el
CEO de esta compañía ha dado 9.965 dólares a Bush y el partido
republicano desde el 2001. Ni que Diebold se esté preparando para contar
los votos de las presidenciales del próximo año. Están usando la ley del
copyright para suprimir una información que necesita ser hecha
pública.
Diebold envió también un aviso legal al
proveedor Online Policy Group, para que uno de sus usuarios, el San
Francisco Indymedia, retirase enlaces hacia los documentos. Este ISP,
sin ánimo de lucro, está ligado a la Electronic Frontier Foundation
(EFF), que salió en su defensa. La EFF y la Stanford Law School han
pedido una orden judicial para que Diebold deje de enviar amenazas.
Según los abogados de la EFF, las exigencias abusivas del copyright no pueden silenciar el debate público sobre la seguridad
del voto electrónico. Estos documentos son del dominio público, por su
importancia en este debate. Además, defendemos el derecho de los
usuarios a enlazar con información que es crítica.
Diebold ha hecho pocas declaraciones sobre el tema: que sus amenazas no
significan que los documentos sean auténticos y que algunos pueden haber
sido alterados, después de robados. Un ex-trabajador de la compañía ha
desvelado, por su parte, que Diebold instaló, el año pasado, tres
programas no certificados en 22.000 máquinas, vendidas al estado de
Georgia por 56 millones.
Las consecuencias no se han hecho
esperar: Marc Carrel, de la secretaría de estado de California, ha
anunciado que retrasará la certificación de los productos de Diebold
para las elecciones de 2004, hasta que no se haga una investigación.
Según Carrel, Diebold instaló programas sin certificar en 4.000 máquinas
de voto electrónico del condado de Alameda, usadas en las elecciones que
dieron la victoria a Arnold Schwazeneger. Otro condado californiano, San
Diego, se encuentra en estos momentos negociando la compra de 10.000
máquinas Diebold.
En Maryland, los demócratas han pedido una
auditoría independiente a las máquinas Diebold que su estado acaba de
comprar. Los demócratas no se fían de los informes de la auditora
Science Application International Corp (SAIC): en julio, un estudio de
dos universidades avisaba a las autoridades de Maryland de serias
debilidades en el sistema de voto de Diebold. Se pidieron explicaciones
a SAIC, quien replicó que los científicos no entendían el sistema. En
Europa, se ha creado una plataforma para exigir la fiabilidad del voto
electrónico.
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