España va bien en eAdministración

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España se sitúa entre los diez primeros países de la Unión Europea en materia de administración electrónica.

La Comisión Europea ha situado a la Administración española entre las diez primeras por su disponibilidad de servicios ‘on-line’ entre los países miembros de la Unión, según un estudio hecho público hoy en la Cumbre Ministerial del sector que tiene lugar en Lisboa. El estudio se basa en dos indicadores que permiten medir el avance: la disponibilidad de servicios públicos a través de Internet y su grado de accesibilidad.

Así, el nivel de disponibilidad de los servicios públicos ‘on-line’ de España se ha situado en un 70 por ciento, 15 puntos más que en 2006, y 12 puntos por encima de la media europea, que está en el 58 por ciento. Según un comunicado del Ministerio de Administraciones Públicas, este resultado sitúa a España en el número 9 de la clasificación europea, formado por 31 países, por delante de países como Finlandia, Dinamarca, Holanda o Bélgica.

En cuanto al grado de sofisticación y accesibilidad, España ha registrado una puntuación de 84 sobre 100, 12 puntos por encima de la media de la UE (76), décimo puesto en el orden europeo. El estudio, que se publica con carácter anual, reconoce, según el Gobierno, “los frutos del esfuerzo realizados en los últimos doce meses, con importantes avances en todo lo relacionado con el acceso a los servicios públicos a través de Internet”.

De hecho, el informe señala que los resultados experimentados “son producto de la voluntad política de España por mejorar los servicios públicos online, garantizando las inversiones necesarias y supervisando su avance”.

Entre estas iniciativas, destacan la aprobación en el mes de junio de la Ley para el Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, que reconoce el derecho de los ciudadanos a relacionarse electrónicamente con las administraciones públicas; la renovación del portal 060, que da acceso directo a los más de 300 servicios públicos a través de Internet, o la supresión de la obligación de que los ciudadanos presenten fotocopias de sus documentos personales a la hora de realizar trámites.

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