La CLI se enfrenta al Gobierno

Regulación

La Comisión de Libertades Informáticas se ha manifestado en contra de la normativa que obliga a identificar a titulares de móviles prepago.

La Comisión de Libertades Informáticas (CLI) se opone al Proyecto de Ley de Conservación de Datos en comunicaciones electrónicas, que aprobó el Gobierno y que permitirá a la Policía conocer la identidad y otros datos de los titulares de tarjetas prepago de teléfonos móviles.

Esta entidad no gubernamental, que agrupa a una decena de organizaciones sociales y profesionales, entre ellas la de Derechos Humanos (APDH) y los sindicatos CCOO y UGT, considera que la retención de datos de comunicaciones a la que se obliga a las operadoras “es una herramienta que invade las vidas privadas de los ciudadanos europeos” y a su vez la retención de datos personales es “una actividad ilegal”.

La CLI, que nació con el fin de velar por la protección de los derechos individuales y colectivos frente al mal uso de las tecnologías informáticas y comunicaciones, denuncia en un comunicado que “el Estado y las empresas acumulan (y se cruzan) cada vez más datos sobre los ciudadanos y cada vez resulta más difícil conocer lo que saben de nosotros”. También alerta del riesgo de que los datos de carácter personal sean explotados de forma “ajena a nuestra voluntad” dado que el simple hecho de llamar por teléfono o navegar por Internet, son hechos que suponen dejar informaciones sobre nuestra identidad sin que podamos saber quién tendrá acceso a ellas y qué uso puede darles.

Según el Proyecto de ley remitido a las Cortes por el Consejo de Ministros, las tarjetas prepago de teléfonos móviles dejarán de ser anónimas y la Policía podrá conocer, previa autorización judicial, la identidad de su titular a efectos de una investigación, detección o enjuiciamiento de delitos, y con la obligación para las operadoras de abrir un libro de registro que recoja la identidad de los compradores de esas tarjetas.

También se exige a las empresas de telefonía que conserven durante 12 meses los datos de cualquier tipo de comunicación, ya sea fija, móvil o a través de Internet, que indiquen el origen, destino, fecha y aparato utilizado, aunque nunca el contenido de la misma.

La Comisión de Libertades e Informática trasladará a los grupos parlamentarios su oposición a la iniciativa y hará un seguimiento de su tramitación parlamentaria para “velar por la protección de datos de carácter personal”.

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