La Ley de Firma Electrónica supera su último trámite sin acuerdo entre partidos

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La oposición critica sobre todo que incluya el DNI electrónico y que los
certificados de las CCAA no tengan validez en todo el Estado.

El Pleno del Congreso ha aprobado las enmiendas del

Senado al proyecto de Ley de Firma Electrónica, trámite

con el que finaliza la elaboración de esta ley, que adaptará en breve a

la normativa nacional la directiva comunitaria sobre esta materia y

sentará las bases para el DNI digital, cuya puesta en marcha está

prevista para los primeros meses de 2004.La mayoría de modificaciones

introducidas en la Cámara Alta contaron con el único apoyo de los

diputados populares y de Coalición Canaria, y sirvieron para que los

portavoces de PSOE, Izquierda Unida y Convergencia i Uniò lanzaran duras

críticas al partido que sustenta al Gobierno por lo que, entienden, es

una falta de respeto al funcionamiento del Parlamento.

En cuanto

al contenido en sí de la ley, el PSOE criticó que no respete la libre

competencia en la prestación de servicios de certificación ni fomente el

desarrollo de estándares europeos y, en cambio, sí crea un proceso

ineficaz de la solicitud de firma: Tienen (el PP) obsesión con la

personación, con miedo a la firma electrónica y a los procesos técnicos

que existen para garantizarla declaró.

Sin embargo, la

principal crítica socialista es que la Ley no garantiza el no repudio a

toda firma reconocida, de tal forma que los ciudadanos se pueden

encontrar con que una administración pública le niegue, unilateralmente,

la validez de un certificado reconocido que ya ha pagado, al haber sólo

dos certificados genéricos: el DNI electrónico, el único de aceptación

obligatorio, y el de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.

Otra queja al PP, ésta de IU, es que se modifique la Ley de Servicios de

la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI) a través

de una enmienda de esta ley, como de costumbre, y no mediante una

propuesta que se pueda debatir en el Congreso.

Frente a todas

estas críticas, el portavoz del grupo mayoritario, Juan Manuel Moreno,

aseguró que en la tramitación de la ley ha habido un amplio, intenso e,

incluso, arduo debate tanto en el Congreso como en el Senado, de donde

el proyecto de Ley ha salido mejorado, con más seguridad jurídica.

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