AI pide una ley que controle los contenidos de videojuegos

El director de la sección española de Amnistía Internacional (AI), Esteban Beltrán, exigió hoy al Gobierno “responsabilidad” por la falta de protección de los menores ante los contenidos de videojuegos “que banalizan las violaciones de los derechos humanos”, y que esa voluntad se traduzca en una legislación de ámbito estatal, frente a una industria de entretenimiento que, según la organización, incumple sus propios códigos de autorregulación, los únicos límites existentes a su actividad.

En rueda de prensa, Beltrán responsabilizó hoy de esta situación directamente a la Administración, “que incumple el deber de proteger los derechos de la infancia” por la falta de regulación en la comercialización de un producto “que no es diferente de las galletas, que incluyen en su etiquetado obligatorio las grasas, azúcares y proteínas”, señaló. “La industria de los videojuegos factura más que las de la música y el cine juntas, más de 790 millones de euros en España, se trata de un producto como cualquier otro y no se puede dejar en manos de la industria el respeto a los derechos humanos”, aseguró.

El director de la sección española de AI resumió la protección de la infancia ante contenidos no adecuados como “una legalidad estatal inexistente y una autonómica que no se aplica”. Ante la falta de una ley específica de ámbito nacional, la regulación de estos productos queda en manos del código de autorregulación de la industria, conocido como PEGI, “y por lo tanto se deja el cumplimiento del respeto de los derechos esenciales a voluntad de las empresas”, criticó Beltrán.

La legislación en comunidades autónomas, existente en todas menos en Baleares, carece de reglamento alguno que la desarrolle, por lo que, para AI, es “papel mojado”. Según la organización, de los 3 millones de niños que usan videojuegos en España, el 50 por ciento juega a títulos recomendados para mayores de edad, pese a que la mayoría incluye el sello que rige las clasificaciones por edades.

Este sello es parte de los requisitos que establece el código de autorregulación de la patronal -la Asociación Española de Distribuidores y Editores de Software de Entretenimiento (aDeSe)-, que exige además que se incluya una advertencia con el contenido en caso de, entre otros, juegos “violentos”, donde aparezcan “drogas”, “sexo o desnudez”, o “discriminación”, requisito este que según AI rara vez se cumple. Además, denuncia la asociación, “resulta contradictorio con los valores de la Constitución que se puedan vender videojuegos que, entre otras cosas, inciten o banalicen la discriminación por género o raza”.

Amnistía Internacional presentó estas conclusiones en su balance anual ‘España: Menores y derechos humanos, responsabilidades en juego’, donde se recogen frases textuales utilizadas en la promoción de videojuegos que incitan a “convertirse en policía y golpear a los detenidos” o descargarse juegos de Internet que invitan a “detonar una bomba para asesinar judíos”. A la desprotección “total” en Internet y de descargas por móvil, AI suma la ausencia total de controles en los comercios y grandes superficies, donde videojuegos violentos “se encuentran en la sección de juguetería”.