La CLI advierte de que el e-DNI puede vulnerar derechos fundamentales

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La Comisión de Libertades Informática subraya que ciertos medios de identificación pueden suponer una grave intrusión en la vida privada de los ciudadanos.

La Comisión de Libertades Informática (CLI) ha advertido que el contenido del futuro DNI electrónico “no puede incluir” datos de carácter personal ajenos a la finalidad de identificación, por lo que ha expresado su “preocupación” por el próximo lanzamiento del nuevo documento, que comenzará a expedirse a principios del año que viene.

“La falta de debate social e información que se está dando en relación a la aprobación de una norma que regule el DNI electrónico, nos hace expresar nuestra preocupación (…), por cuanto se puedan vulnerar derechos fundamentales, como el derecho a la intimidad y la protección de datos personales, en el ámbito de las Administraciones Públicas”, asegura la CLI en un comunicado.

La comisión también ha criticado que no se haya “generado ningún debate” sobre la incorporación de “datos sensibles” al DNI electrónico, “como ha pasado en otros países europeos”.

Así, señala que la introducción de una foto permite determinar la raza o, incluso, en determinados casos, la religión de los afectados, “datos especialmente protegidos” por la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD). “Eso sin hablar de una posible introducción de datos genéticos con fines identificativos”, añade.

De forma paralela, la CLI subraya que los medios disponibles en la actualidad para la identificación de las personas “pueden suponer una grave intrusión en la vida privada de los ciudadanos”, por lo que declara que el Gobierno tiene un “deber de transparencia” respecto a los métodos elegidos para proceder a identificar a los ciudadanos.

Por otro lado, la Comisión también ha expresado su “preocupación” por el hecho de que la futura tecnología de identificación electrónica pueda ser accesible para las distintas plataformas de software existentes en el mercado, tanto de código abierto como propietario.

Por todo ello, solicita al Gobierno que “consensue” la puesta en marcha de esta nueva herramienta, que debe incluir el reglamento de la firma electrónica, y tenga en cuenta la opinión, entre otras, de las organizaciones de consumidores e internautas.