“La privatización de Telefónica ha sido muy perjudicial”

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Ángel Matilla Candás, autor del estudio “El ADSL en la UE: una comparación”, analiza las claves de la actual situación de las conexiones de banda ancha en España.

Recientemente la Asociación de Internautas ha publicado un estudio comparativo sobre los precios y prestaciones del ADSL en España con respecto al resto de países europeos, que vuelve a demostrar que nuestro país cuenta con uno de los servicios más caros y lentos de todo el continente.

Ángel Matilla Candás, tesorero de la AI y uno de los autores del estudio junto a David Gómez Otero y Juan Salazar Calvo, analiza las principales causas y posibles soluciones para reducir la brecha del ADSL español con respecto al europeo, que en estos momentos hace que tengamos una conexión un 25% más cara y un 26% más lenta:

Vuestro estudio vuelve a dejar claro que nuestro país está a la cola en Europa en cuanto a la calidad del servicio ADSL que prestan las operadoras, superado incluso por otros que económicamente están a nuestro nivel o incluso por debajo, como es el caso del vecino Portugal o de Grecia. ¿Qué es lo que pasa en España y qué es lo que nos diferencia, en términos de estructura del mercado o de tecnología, de estos países?

En el uso cotidiano no hay grandes diferencias desde el punto de vista tecnológico con el resto de países con los que habitualmente nos comparamos: Italia, Francia, Alemania, etc. Otra cosa es que haya habido voluntad, tanto política como empresarial, de extender esa tecnología.

Una gran diferencia de la estructura de mercado es, indudablemente, la irregular distribución de la población en España: junto a zonas con densidades de población muy alta como puede ser Madrid (con una densidad siete veces superior a la media de la UE) o Levante nos encontramos otras muy despobladas, como La Mancha o Extremadura (con densidades que no llegan al 25% de esa media), o de difícil acceso, como son las zonas montañosas de la Cornisa Cantábrica o los Pirineos.

Esta configuración, tanto geográfica como demográfica, complican y encarecen el despliegue de las redes lo que lleva a una mayor dificultad para acceder a servicios adicionales; a nadie se les capa que es más barato y fácil tender una infraestructura en Castilla que en Galicia o en Madrid capital que cualquier municipio de La Mancha.

¿Qué soluciones se proponen desde la Asociación de Internautas?

A finales de enero nuestra web recogió un documento, de cara a las elecciones del 9 de marzo, con propuestas que los socios de la Asociación de Internautas les hacíamos a los partidos políticos. En dicho documento se proponían cosas como la declaración del acceso por banda ancha como universal, la fijación de los valores mínimos exigibles a los proveedores en el ancho de banda, independientemente del método acceso elegido,la neutralidad de la red, permitiendo la creación o subvención con fondos públicos de redes mediante la oportuna reforma de la Ley 32/2003 o la garantización de la independencia política del regulador de las telecomunicaciones.

No hemos oído, durante la pasada campaña, a ningún partido político hacer propuestas serias que nos permitan pensar que alguna de estas sugerencias llegará a ser realidad; únicamente se han hecho eco de una idea lanzada por PSOE: la creación del «Defensor del Internauta»; de momento una idea vacía de todo contenido y que se ha limitado a usurpar la identificación de una de las partes más activas de la Asociación, aunque no sea el más visible.

¿Qué pensáis del papel que juega Telefónica en todo este asunto, teniendo en cuenta que los demás operadores tienen que alquilar su red?, ¿no debería exigírsele más a una de las empresas del sector con más capacidad y recursos del mundo?

En el tema Telefónica se juntan demasiadas cosas, unas buenas y otras malas. En primer lugar ha sido muy perjudicial la forma en que se llevó a cabo la privatización de Telefónica, y esto no es responsabilidad de la empresa; debería haber separado en dos empresas: una que se hubiera encargado de prestar el servicio y otra del mantenimiento y despliegue de la red así como de la innovación tecnológica en este aspecto; esta segunda empresa habría debido mantenerse con titularidad pública y alquilar esa red a todos los operadores en igualdad de condiciones. Además, y desde el punto de vista del interés nacional, hay que tener en cuenta que las infraestructuras son de importancia estratégica para cualquier estado y la red de telecomunicaciones no deja de ser una infraestructura que cada vez es más necesaria.

En el tema del alquiler de la red hemos visto como a los operadores que disponen de licencia para el despliegue de una red propia no se les ha exigido que lo hagan; es evidente que, con la única excepción de los operadores de cable, resulta mucho más fácil y sobre todo económicamente interesante dejar que sea una empresa la que cargue con el trabajo de desplegar y mantener la red. En este sentido el regulador ha demostrado una desidia peligrosa al no exigir la ejecución de redes propias o revocar las licencias en caso contrario. Se entró hace ya unos años en un juego complicado en que los operadores alternativos únicamente exigen unas determinadas condiciones de servicio pero no contribuyen, al menos aparentemente, al mantenimiento y actualización de la red.

Por otra parte vemos cada vez con más frecuencia ofertas de los operadores alternativos en que se hacen cargo del mantenimiento de la línea. La realidad es que sólo se hacen responsables del bucle de abonado y en muchos casos ese mantenimiento es muy deficiente al carecer las empresas de infraestructuras técnicas propias; además en muchos casos se pierden muchos servicios de valor añadido de las líneas convencionales tales como el buzón de voz o los terminales de voz adicionales.

Es una opinión bastante extendida que la Unión Europea debiera crear una comisión de Nuevas Tecnologías para evitar este tipo de brechas que se están produciendo entre unos países y otros, como hemos sabido por vuestro informe. ¿Creéis que esta medida podría significar también la entrada en escena de un elemento de control para exigir mínimos de calidad a los prestadores?

Los organismos reguladores que se implantan para garantizar las condiciones del servicio prestado, como por ejemplo que se ajustan a unos mínimos, han de ser aplaudidos por todos. Ahora bien, si con un regulador de servicio se pretende de alguna forma limitar los derechos de la Sociedad, nuestra oposición será frontal al mismo.

¿Puede justificarse o entenderse de alguna manera, que nuestro ADSL sea más caro por el hecho de que nuestro PIB sea mayor al de otros países?

La renta española está prácticamente en la media de la UE (supone un 99% de la misma), pero el precio del acceso al servicio ADSL está entre los más caros de la UE; incluso en países con rentas muy superiores a la española, como Bélgica (un 32% superior) u Holanda (un 44% más que España), tiene conexiones cuyo coste absoluto es muy inferior al que abonamos nosotros. No sólo eso: Además se trata de conexiones al menos iguales a la nuestra cuando no superiores.

El hecho de tener una renta media superior a la de algunos países no justifica el coste ni del servicio ADSL ni de ningún otro. La justificación que se esgrime en muchas ocasiones de que tal o cual prestación es más cara en otros países es una forma muy sibilina de facilitar información. Sólo en seis de los 27 casos escogidos para nuestro estudio el coste absoluto era superior al de España, pero de esos seis países cuatro disponen de rentas superiores entre un 25% y un 225%.

¿Qué hay de los límites de descarga que se establecen en muchos países?, hay quien piensa que es peor eso que el tener una velocidad menor, como ocurre en España.

Sobre el tema de los límites de descarga se ha hablado mucho. Puede entenderse que dichos límites se establezcan si se pretende evitar el colapso de la Red pero en este sentido puede ser más lógico posturas como la de la operadora O2 en la República Checa que una vez se ha superado el límite establecido reduce la velocidad de descarga. Ahora bien, establecer un límite al amparo de la protección de la propiedad cultural o de los derechos de autor, como se ha propuesto en algunos casos, me parece tratar de ligar dos temas que no tienen absolutamente nada que ver.

Por último, ¿qué opinas de la nueva regulación que pretende impulsar la CMT y la rebaja en el precio mayorista de la banda ancha, que precisamente Telefónica está obligada a cumplir? ¿puede ser el inicio de un cambio que establezca un mercado de condiciones más favorables para el consumidor?

No es la primera vez que desde la CMT se rebaja el precio mayorista de la banda ancha; el problema es que estas rebajas no se traducen en una reducción del coste final que pagamos los usuarios. En otras ocasiones que se ha llevado a cabo este proceso el camino que han seguido los operadores es modificar, teóricamente, las características de las conexiones incrementando la velocidad de descarga; sin embargo muchos usuarios domésticos no necesitamos conexiones con un ancho de banda de 10 ó 20 Mbps y nos bastaría 1 ó 3 Mbps que fueran reales. Personalmente la conexión de mi domicilio de 3 Mbps creo que jamás a llegado, ni de lejos, a 1 Mbps de descarga y dando valores muy similares a los que tenía cuando disfrutaba de una acceso de 1 Mbps.

Ahora bien, si la CMT logra que esa rebaja en el precio mayorista se repercuta en la misma proporción en el precio final que pagan los usuarios si puede ser que estemos en el inicio de un verdadero mercado libre.

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