Regulación del crowdfunding en España, ¿apoyo o golpe mortal?
El sector del crowdfunding en España llevaba tiempo pidiendo una regulación. Pero, ¿es el anteproyecto del Gobierno una solución o un mero conjunto de restricciones?
Regulación en otros países
Más allá de lo necesario que resulta regular el crowdfunding, como cualquier otro ámbito de la economía española, surge la pregunta sobre las múltiples restricciones impuestas sobre este medio de financiación, empleado sobre todo por las nuevas empresas. ¿Son unas restricciones razonables o excesivas, teniendo en cuenta el carácter “liberal” del Gobierno? Para responderlo, quizá sea mejor comparar la futura normativa con las existentes en otros países occidentales.
Empecemos por Estados Unidos, el país donde surgió esta forma de financiación colectiva y donde están radicadas las grandes plataformas Kickstarter (en Nueva York) e Indiegogo (en San Francisco). Ya en 2012, la Administración Obama, consciente de las posibilidades del crowdfunding para ayudar a empresas pequeñas y emergentes a financiarse, impulsó una normativa para impulsarlo.
La norma, conocida como JOBS Act (Jumpstart Our Business Startups), incluye entre otros aspectos la regulación del crowdfunding como instrumento de financiación de proyectos y empresas. Una de las normas establecidas es la obligación de proporcionar permanentemente los estados financieros auditados para las empresas que buscan recaudar más de 500.000 dólares. También excluye del cómputo de inversores a los que hayan aportado menos de 10.000 dólares, algo interesante si tenemos en cuenta que la SEC (el regulador estadounidense) exige que cualquier compañía con más de 1.000 accionistas salga a Bolsa.
Posteriormente, la SEC introdujo varios cambios en octubre de 2013 para facilitar el crowdfunding. Entre ellos, concedía un papel fundamental a los llamados “portales de financiación”, como Kickstarter o Indiegogo, que actúan como intermediarios entre las empresas y los inversores y se responsabilizan en parte de asegurar que los inversores cumplan los límites de participación. Estos límites establecen que los inversores con ingresos anuales menores de 100.000 dólares sólo podrán contribuir con 2.000 dólares o el 5% de los mismos. Las empresas emisoras de la inversión pueden recaudar hasta 1 millón de dólares en un período de 12 meses.
En Europa, Reino Unido, uno de los países donde el crowdfunding está más desarrollado, la Financial Conduct Authority (FCA) publicó el pasado octubre una normativa de regulación de las empresas que operan con plataformas de crowdfunding online, que entrará en vigor el próximo 1 de abril. La norma diferencia entre crowdfunding basado en préstamos (crowdlending) y en inversión (equity crowdfunding). En el primer caso, exigirá a las plataformas unos recursos financieros mínimos de 20.000 libras (24.000 euros, la mitad de lo previsto en la ley española) o el 0,3 % de los primeros 50 millones de libras prestadas.
Asimismo, les obliga a adoptar planes de resolución para asegurar la continuidad de los pagos a los inversores. Para que estos dispongan de información suficiente, las plataformas estarán obligadas a hacer públicos su modelo de negocio, su tasa de morosidad y los procedimientos para preseleccionar riesgos y asignarles un rating.
En otros países de nuestro entorno, como Alemania, Francia o Italia, también se considera que el operador de una plataforma proporciona servicios financieros. En Alemania, por lo general, se requiere una licencia del supervisor BaFin, aunque los requisitos generales no se aplican cuando la oferta de valores no excede de 100.000 euros en un período de 12 meses. En Italia, el límite de inversión de un proyecto está en 5 millones de euros al año, mientras que en Francia es ilimitado. Eso sí, la distinción entre inversor minorista e inversor cualificado está más clara.
