Aprobado el proyecto de Ley de Startups, que sitúa a España a la cabeza en innovación frente al resto de Europa

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La Ley de Startups es uno de los hitos previstos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y permite a España alinearse con los estándares europeos de excelencia del ‘EU Startups Nations Standard’.

El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes Generales del proyecto de Ley de fomento del ecosistema de las empresas emergentes, más conocida como Ley de Startups. De esta manera, España se posiciona a la vanguardia de Europa en apoyo al ecosistema de empresas innovadoras de base tecnológica, atracción de inversión y talento.

Este proyecto de Ley supone que el marco aplicable de las startups dentro del ámbito administrativo, fiscal, civil y mercantil reciba apoyo durante su ciclo de vida, especialmente en las primeras etapas. Por eso se impulsa la creación y crecimiento de las empresas emergentes innovadoras de base digital y alto crecimiento y refuerza las medidas para atraer talento e inversores internacionales.

La Ley de Startups es uno de los hitos previstos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El proyecto de Ley permite a España alinearse con los países más atractivos del entorno europeo para la atracción de inversión, emprendimiento y talento. Asimismo, responde a los estándares recientemente suscritos de la declaración EU Startups Nations Standard: conjunto de prácticas diseñadas para fomentar el espíritu empresarial en la Unión Europea y fomentar la creación de nuevas empresas innovadoras generando las condiciones para favorecer su escalabilidad.

Acompañan a este proyecto de Ley distintas medidas puestas en marcha por el Gobierno para favorecer la financiación de las startups en España, entre las que destaca el FondoICO Next Tech, cuyo objetivo de inversión es alcanzar los 4.000 millones de euros, diseñado para apoyar financieramente a las empresas en fase de crecimiento. Y la línea de financiación de ENISA, que cuenta con 51 millones de euros, orientada a la creación de startups lideradas por mujeres, con la que se pretende reducir la brecha de género en el ámbito del emprendimiento innovador.

Igualmente, este proyecto de Ley se enmarca dentro de las reformas estructurales del Plan de Recuperación orientadas a mejorar la demografía empresarial y mejorar el clima de negocios, de forma complementaria con el proyecto de Ley Crea y Crece recientemente adoptado por el Gobierno y el proyecto de Ley de reforma concursal, actualmente en proceso de finalización.

El proyecto de Ley prevé la gratuidad de aranceles respecto a notarios y registradores, en la constitución de sociedades limitadas, así como en la publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME); la creación de la empresa por medios telemáticos; y la no obligatoriedad de obtener el número de identificación de extranjeros (NIE) para los inversores no residentes, exigiendo únicamente que tanto ellos como sus representantes obtengan los números de identificación fiscal (NIF). Cabe recordar que con la aprobación de la Ley Crea y Crece, que inicia ahora su tramitación parlamentaria, será posible crear una empresa con un solo euro de capital social.

Este proyecto de Ley incorpora importantes medidas fiscales para atraer y recuperar el talento nacional e internacional, atraer inversión y favorecer la creación de hubs digitales en España. De este modo, se reduce el tipo impositivo en el impuesto de sociedades y el impuesto sobre la renta de no residentes, del tipo general del 25% al 15% en los cuatro primeros ejercicios desde que la base imponible sea positiva.

Se eleva el importe de la exención de tributación de las opciones sobre acciones (stock options) de 12.000 a 50.000 euros anuales en el caso de entrega por parte de startups de acciones o participaciones derivadas del ejercicio de opciones de compra y se flexibilizan las condiciones de generación de autocartera en sociedades de responsabilidad limitada.

Se amplía también la base máxima de deducción por inversión en empresas de nueva o reciente creación (de 60.000 a 100.000 euros anuales), el tipo de deducción (que pasa del 30 al 50%), así como el periodo en el que se considera de reciente creación que sube de 3 a 5 años, con carácter general, o a 7 para empresas de ciertos sectores.

El proyecto de Ley fomenta también la colaboración entre las administraciones públicas, las universidades, organismos públicos de investigación y centros tecnológicos. Hace una regulación general y básica sobre los entornos de prueba regulados basados en la reciente experiencia exitosa del sandbox del sector financiero. En ese sentido, se permitirá la prueba de innovaciones de las startups durante un año, en un entorno controlado, para evaluar la utilidad, viabilidad y el impacto de innovaciones tecnológicas en los diferentes sectores de actividad productiva.

Por último, este proyecto de Ley aspira a responder a las necesidades presentes y futuras de las empresas emergentes. Para ello, recoge un mecanismo de revisión continua y la creación del Foro Nacional de Empresas Emergentes, como espacio de encuentro entre el sector y las Administraciones Públicas.

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