La UE quiere facilitar el acceso de las fuerzas de seguridad a la información de las tech

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La Comisión Europea planteará a los ministros de la Unión tres propuestas para reformar la legislación sobre acceso a los datos electrónicos.

Los ministros de justicia de la Unión Europea se reúnen hoy en Bruselas, con el telón de fondo del reciente atentado en Londres. La Comisión Europea aprovechará para presentarles tres propuestas a partir de las cuales articular la legislación sobre acceso de las fuerzas de seguridad de los estados miembro a los datos de plataformas online, con la finalidad de conseguir pruebas electrónicas.

Así lo ha explicado a Reuters la comisaria de justicia de la UE, Vera Jourova. De acuerdo a la información con la que cuenta la agencia, los ministros deberán elegir entre tres opciones diferenciadas, fundamentalmente, en lo que al alcance de sus competencias se refiere.

La menos intrusiva permitiría a las autoridades de un estado miembro solicitar a los proveedores tecnológicos con base en otro de los estados miembro que le suministren las pruebas electrónicas necesarias, sin necesidad de pedírselo primero al gobierno del país en que se alojan.

La segunda de las opciones obliga a las compañías, directamente, a entregar esa información, siempre que la soliciten las fuerzas de seguridad de otro país miembro. Esta es una posibilidad a la que las tech seguramente se resistirían, habida cuenta de casos similares en los que han invocado el derecho a la privacidad de sus clientes.

La tercera propuesta es la que lleva más lejos las competencias de las autoridades de los países europeos en relación a su acceso a la información almacenada por las plataformas electrónicas. Se trataría de una “posibilidad de emergencia”, según Jourova, que se daría en los casos en los que se desconoce la localización del servidor donde se guardan los datos, o si hay riesgo de que los mismos se pierdan durante el proceso.

Se trataría de una opción de acceso directo que solo se podría emplear en casos puntuales, y mediante una serie de protocolos de seguridad adicionales para proteger la privacidad de los usuarios.  

Los ministros de justicia debatirán sobre las tres opciones. En base a sus conversaciones, se formulará una propuesta legal, que Jourova espera para finales de este año o principios del que viene.

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